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11 de octubre de 2017

Entre otras medidas, las personas perceptoras de prestaciones sociales como la Risga o la Renta Social Municipal se beneficiarán de la cuota cero en la tasa de la recogida de basura y de depuración, como ya sucede con el recibo del agua

La Junta de gobierno local aprueba las ordenanzas fiscales y de recaudación para 2018, que "ahondan en la progresividad y se centran en el vecindario en situación de precariedad"

Las modificaciones, que también buscan favorecer al pequeño comercio y a las entidades deportivas, así como facilitar las formas de pago de los y de las contribuyentes, deberán ser ratificadas por el Pleno municipal

La Junta de gobierno local aprobó este miércoles, en sesión extraordinaria, las modificaciones de las ordenanzas fiscales y de recaudación para el año 2018, que ahondan "en los principios de progresividad y de equidad que promueve el ejecutivo municipal". Además, y según destacó el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, en un encuentro con los medios posterior a la reunión del gobierno, "estas ordenanzas se centran especialmente en aliviar la carga de los vecinos y vecinas que se encuentran en situación de precariedad". "Creemos en un principio de justicia redistributiva; aquella parte de la ciudadanía que menos posee no puede soportar la misma presión fiscal. Nos parece algo fundamental en el camino de ayudar a estas personas a conseguir plena autonomía", indicó el regidor, que destacó que, además, los cambios en las ordenanzas --que deberán de ser posteriormente ratificadas por el Pleno municipal en una sesión de carácter extraordinario-- "tratan de favorecer el uso de las instalaciones deportivas y culturales de la ciudad, así como la promoción del pequeño comercio". "Ahondamos de esta forma en la tarea de modificación de ordenanzas que iniciamos en 2015", recordó el mandatario.

Entre las novedades, se cuenta la inclusión de nuevas medidas sociales en las ordenanzas fiscales, de las que destaca la aplicable en la tasa de la basura, que va pareja a las medidas ya introducidas por este gobierno en la tasa del agua. En concreto, la ordenanza fiscal número 6, reguladora del impuesto municipal por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de basura y residuos sólidos urbanos, aplicará una serie de "coeficientes reductores sobre la tarifa destinada a hogares en situación de precariedad". Así, se introduce la cuota cero para aquellas personas que perciben la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) o alguna prestación de carácter similar, como es el caso de la Renta Social Municipal (RSM). Por otro lado, cuando la renta familiar no supere el IPREM, la tarifa doméstica para viviendas se multiplica por 0,25, consiguiendo, por tanto, un ahorro del 75%. En el supuesto de que la renta no supere en 1,5 veces el índice marcado en el IPREM, la cuota será el resultado de multiplicar la tarifa para viviendas por 0,5, con un descuento, por tanto, del 50%.

Del mismo modo, y tal y como ya ocurre en la tasa de entrada de vehículos desde la vía pública, en el IVTM y en el IAE, se propone que en los casos de alta o baja en la prestación del servicio de recogida y tratamiento de basura que no coincida con el año natural, la tasa sea calculada proporcionalmente al número de trimestres que quedan para finalizar el año, y no por semestres, como hasta ahora.

Medidas sociales

También se contempla someter a cambios la ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarilla y depuración de aguas residuales, de acuerdo con los acuerdos conseguidos por unanimidad por el Consejo de Administración de la Edar de Bens en junio del pasado año que establecía que los ayuntamientos integrados en la sociedad que gestiona la depuradora incluyan exenciones de cuota cero para aquellas personas titulares de la Renta de la Integración Social de Galicia (Risga), así como prestaciones o ayudas análogas de carácter social, como es el caso de la Renta Social Municipal. Por otro lado, el ejecutivo municipal propone, como en el caso de la tasa del agua y de la basura, la introducción de una serie beneficios fiscales en función de la renta. De nuevo, tributarán la cuota cero los consumos domésticos de las personas contribuyentes que sean perceptoras de prestaciones sociales.

Los cambios establecidos también recogen la modificación de la ordenanza fiscal número 14, reguladora de la tasa por la inmobilización, retirada y almacenamiento de vehículos. "Lo que hacemos, la propuesta de la Concellería de Mobilidade Sostible, es introducir la cuota cero para los conceptos tanto de retirada y traslado como de almacenamiento de vehículos en los casos en los que exista una denuncia previa por robo y este aparezca abandonado y sea retirado por la Policía Local al depósito municipal, así como en los casos en el que el almacenamiento del mismo derive de una orden judicial", señaló.

Fomento de la actividad económica

Entre las modificaciones de las ordenanzas fiscales también figuran las que tienen como objetivo el estímulo de la actividad económica. En concreto, se proponen la modificación de la tarifa fiscal número 4, relativa al otorgamiento de licencias de aperturas de establecimientos. Así, la Junta de gobierno local aprobó la aplicación de una tarifa de cuota cero a los traspasos, cesiones o transmisiones de titularidad siempre que no muden las actividades, así como la aplicación de un coeficiente reductor del 25% a los establecimientos con una superficie inferior a 150 metros cuadrados. Del mismo modo, "con el objetivo de fomentar la actividad económica de la ciudad y disminuir la presión fiscal de las empresas ubicadas en empresas más alejadas del casco urbano, se propone una rebaja del 10% en el coeficiente de situación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en las categorías fiscales de las calles 4ª y 6ª. De este modo, se pretende favorecer el desarrollo de la actividad empresarial teniendo en cuenta la situación física de los locales dentro del término municipal", comentó.

Por otro lado, en lo que atañe al aprovechamiento especial del dominio público, se recoge un incremento del 25% en las tarifas aplicables a surtidores de gasolina y aparatos de venta automática.

Impuesto de Bienes Inmuebles

En lo que se refiere a la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se opta por ampliar la bonificación regulada aplicable a los bienes de características especiales que pertenecen al grupo de puertos comerciales, a aquellos inmuebles que tengan por actividad principal "la explotación de parques y recintos feriales, así como actividades náuticas".

En otro orden de asuntos, la variación de la ordenanza fiscal número 1 reguladora de la tasa por tramitación y expedición de documentos administrativos suprime las diferencias de tarifa a la hora de la expedición de la tarjeta Millennium, independientemente de si la persona solicitante está empadronada o no en el Ayuntamiento de A Coruña.

Instalaciones deportivas

En relación a las instalaciones deportivas públicas de la ciudad y el uso de las mismas, el gobierno local llevó a cabo una revisión en la ordenanza correspondiente que ofrecerá más posibilidades de financiación a las entidades deportivas, en línea con el compromiso que el gobierno municipal siempre mostró con las mismas. De esa manera, se suprime el concepto de patrocinio tal y como se regulaba en la anterior ordenanza y se redefine el hecho imponible. Así, tanto entrenamientos como competiciones deportivas federadas quedarán exentos de tasas, lo que derivará, además, en que, si así lo consideran, los clubes usuarios de las instalaciones podrán proceder a un cobro de taquilla.

Por último, entre las principales novedades de la nueva propuesta de ordenanzas fiscales para 2018 aprobada por la Junta de gobierno local destaca la modificación de las tasas por la prestación de servicios en los museos y otras instalaciones culturales. Con las novedades introducidas, la tarifa reducida para menores será aplicable a jóvenes que no hayan cumplido los 16 años (en la actualidad 14), mientras también se incluye el supuesto de cuota cero a los y a las estudiantes de la UDC.

Ordenanza General de Recaudación

Al margen de la modificación de las ordenanzas fiscales, el gobierno local también propone para el próximo año una serie de mejoras en los procedimientos de recaudación, de forma que se "den mayores facilidades de pago a la ciudadanía, procurando que el abono de tributos cause el menor impacto posible en las economías más precarias". En lo que atañe al Plan de Pago Personalizado que oferta el Ayuntamiento, se establece un límite máximo de bonificación por contribuyente de 5.000 euros. "El tope se aplica sobre el total de los recibos de IBI e IVTM. Con esto se pretende aminorar el menoscabo de la Hacienda municipal que resulta de la aplicación ilimitada de la bonificación, de la que solo se benefician los y las contribuyentes con mayor capacidad económica", dijo. Por otro lado, también desaparece el deber de mantener vigente la misma cuenta de domiciliación durante la gestión anual del plan, "con el fin de agilizar y evitar los problemas en la gestión administrativa".

También se adelanta al 31 de diciembre el fin del plazo para solicitar nuevas altas, con el fin de facilitar la gestión administrativa de las mismas antes del primer cargo en cuenta, que se efectúa el 1 de marzo del año siguiente. No obstante, y de cara a evitar molestias a la ciudadanía, este año se mantendrá vigente el plazo actual de presentación de solicitudes, que expira el próximo 31 de enero.

Aplazamientos y fraccionamientos

Entre las modificaciones incluidas en la ordenanza general de recaudación en lo que se refiere al pago de deudas tributarias en vía ejecutiva con el Ayuntamiento, se establece un aumento de los plazos de pago según tramos de deuda, lo que se traduce en una minoración en general del importe de las cuotas mensuales. "Con esto, lo que se busca es dar facilidades a los y a las contribuyentes con una capacidad económica más reducida que, en muchas ocasiones, tienen dificultades para hacer frente a las cuotas en su escala natural", indicó el regidor.

Además de aumentar el fraccionamiento de pagos, la ordenanza introducirá ahora una serie de supuestos que posibilitarán la tramitación de aplazamientos de pago a personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y, por lo tanto, con graves problemas para poder realizar el pago de sus deudas. La extensión de los plazos puede conseguir hasta un máximo de tres años. Por otro lado, el gobierno local también propone en las ordenanzas de recaudación para el próximo año una elevación del límite de pago exento de aportación de garantías, fijándolo en 30.000 euros.

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